Los feminicidios descubiertos recientemente en el cerro de Monserrate, presuntamente a manos de Fredy Armando Valencia Vargas, contra mujeres habitantes de calle-MHC presentan además del doloroso hecho en sí mismo, una realidad tan grave como triste. A pesar de lo que muchas personas siguen diciendo, está demostrado que las mujeres han sido víctimas de diferentes tipos de violencias y discriminaciones, en muchos casos de manera simultánea. El enfoque interseccional ha permitido revelar las variadas identidades de las mujeres, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de la combinación de identidades y proponer alternativas para erradicar dichas violencias.
Una de las formas de violencia simbólica usada de manera permanente contra las mujeres es la invisibilización de sus necesidades, de sus luchas, y en lo relativo a las mujeres habitantes de calle, de su existencia misma. Las mujeres habitantes de calle representan menos del 30% de la población que se encuentra en esta situación, por lo que los programas públicos están enfocados en las necesidades de los varones, dejando de lado las particularidades de las mujeres, mujeres y hombres trans. Muchas de estas mujeres han pasado por un continuum de violencias que puede haber iniciado con violencias al interior del hogar, hechos victimizantes en el marco del conflicto armado que derivó en desplazamiento forzado sin redes de apoyo familiar o comunitario y que por las barreras institucionales y la falta de capacidad del Estado, ahora habitan las calles de las distintas cabeceras municipales, ciudades intermedias y principales.
Una vez asumen la habitanza de calle, deben soportar las agresiones físicas a las que las someten los hombres habitantes de calle, los agentes de la policía, guardias de seguridad, y los dueños de los establecimientos públicos. La presencia de habitantes de calle es indeseada por el imaginario social que les acompaña y deshumaniza. Así es que sus cuerpos suelen estar acompañados de marcas de armas blancas, fracturas mal curadas propinadas por las porras de la policía o los guardias de seguridad que les niegan el acceso a establecimientos públicos y privados y quemaduras por agua caliente que le arrojan desde los locales comerciales para que se vayan.
Algunas mujeres habitantes de calle son consumidoras de sustancias psicoactivas - SPA, y al entrar a las zonas de consumo, conocidas popularmente como "ollas" se ven expuestas y continuamente son víctimas de violencia sexual cuando se encuentran bajo los efectos de dichas sustancias. Otras deben prostituirse por drogas y comida con los encargados de las "ollas" y en no pocas ocasiones se convierten en esclavas sexuales de otros habitantes de calle o de las ollas para que a cambio de sexo puedan obtener comida, alojamiento y drogas. A muchas mujeres las dejan encerradas en los llamados "Paga Diario" habitaciones de mala muerte cercanos a las zonas de consumo como el Bronx, el Cartuchito en la localidad de Kenedy o San Bernardo en la localidad de Santa Fe.
Algo que no es nuevo pero que se manifestó de una forma tristemente célebre con el caso de las mujeres habitantes de calle asesinadas, es el subregistro de todas las formas de violencia que padecen. Dado que las mujeres habitantes de calle no tienen domicilio establecido, las autoridades (cuando les permiten la entrada a la Fiscalía) no reciben la denuncia en tanto es indispensable que dejen una dirección para continuar con el proceso, asunto que dada las particularidades de su forma de vivir, no es posible. Muchas mujeres habitantes de calle desaparecen sin dejar rastro alguno y sin que nadie se pregunte por su paradero o bienestar, luego de que en repetidas ocasiones buscaran la protección de alguna entidad pública (usualmente los programas asistenciales de cada ciudad y muy rara vez con efectivos de la fuerza pública, fuente de violencia, discriminación y en no pocos casos violencia sexual) que al no contar con infraestructura para ellas deben regresarlas a las calles. No hemos profundizado en los grupos de limpieza social, que usan agentes químicos, objetos corto punzantes, contundentes, e incluso armas de fuego para agredirlas e incluso matarlas. En Bogotá las casas refugio no admiten a mujeres habitantes de calle porque se presume que todas son consumidoras de SPA y esto puede poner en riesgo a las otras mujeres con medidas de protección. Sin embargo el año pasado se desestimo la necesidad de construir una casa refugio para mujeres habitantes de calle a pesar de que se adelantaron los estudios previos y tanto en ese momento, como innegablemente ahora, es necesaria una alternativa que aleje a las mujeres habitantes de calle de sus agresores, protegiendo su integridad y dignidad.
Sin embargo la violencia física no es el único tipo del que son víctimas las MHC. La violencia simbólica hace tanto daño y está tan generalizada que aún se les suele llamar a estas personas "desechables". Las personas que habitan la calle no son titulares de derechos en el espacio real, no son votantes (por falta de documentos, porque no les dejan entrar a los puntos de votación y porque muy pocos candidatos o candidatas les tiene en cuenta al momento de realizar sus campañas), tampoco se les permite el ingreso a museos, conciertos o cualquier actividad política, cultural, ambiental, etc. que se desarrolle en los centros poblados, porque se presume que van a robar, o porque huelen mal, o por cualquier razón que se les ocurra. Nos han enseñado a temerles y odiarles, no es gratuito que una de las formas de intimidar a niños y niñas sea amenazándoles con que de no portarse bien se las llevara ese ser temible y cruel que lleva un costal a su espalda. Esto mismo ocurre en los hospitales, escuelas, centros comerciales, etc. marginándoles y negando sus derechos por no responder a lo que se espera de una mujer.
El Estado colombiano, en el nivel nacional y en cada departamento, ciudad, municipio, etc., tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos que están consagrados en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales de Derechos Humanos y en las leyes colombianas a toda la población, especialmente a aquella que se encuentra en situación de vulnerabilidad manifiesta, como indudablemente ocurre con las mujeres habitantes de calle. Sin embargo los programas diseñados son generalmente asistencialistas, con poco presupuestos y fácilmente sacrificables en favor de cualquier otra necesidad, que siempre resulta prioritaria antes las MHC. El país y cada una de sus entidades territoriales está en deuda con el diseño y cumplimiento de instrumentos que le garanticen a las mujeres que habitan la calle una vida libre de violencias, erradicando los prejuicios y superando las barreras que ponen las mismas instituciones al atenderlas.
Como Ciase Ong ha venido señalando desde hace tiempo, la corresponsabilidad ciudadana es fundamental para la construcción de sociedades justas equitativas y en paz. Es fundamental que cada persona se comprometa a tratar respetuosamente a las mujeres habitantes de calle, de no victimizarlas a partir de la exclusión, la agresión física, verbal o de cualquier otra forma. Debemos dignificar sus vidas haciendo lo que está a nuestro alcance: desde la clasificación y separación de los residuos que se generan en las casas, oficinas o almacenes, para que aquellas mujeres que se dedican a la labor del reciclaje encuentren formas dignas para desempeñarlo; de igual manera debemos hacer ejercicios de exigibilidad para que el Estado diseñe e implemente instrumentos con enfoque diferencial y perspectiva de género que garantice a las mujeres habitantes de calle el goce pleno y efectivo de sus derechos.
La Corporación de Investigación y Acción Social y Económica -..., en conclusión, rechaza los feminicidios contra las MHC, insta a las autoridades a investigar y evitar que queden en la impunidad o se cobijen bajo la falacia de la enfermedad mental. Así mismo hace un llamado a las entidades nacionales, distritales, y municipales a trabajar seriamente y sin descanso en la garantía de los derechos de las mujeres habitantes de calle, tan ciudadanas como cualquier otra persona y en virtud de sus condiciones de vulnerabilidad sujetas de tratamiento diferencial. Finalmente invitamos a la ciudadanía a no victimizar a las MHC, a exigir sus derechos con la misma sororidad con la que trabajamos por otras conciudadanas y a construir paz en conjunto, integrando a las mujeres habitantes de calle, tan parte de esta sociedad, como importantes en la reconstrucción del tejido social de nuestro país.
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