Introducción
Un conflicto social y armado como el colombiano no se resolverá con el cese de hostilidades entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), ni con la desmovilización de los grupos paramilitares, como no lo hizo al desmovilizarse el Movimiento 19 de Abril (M-19), o la Corriente de Renovación Socialista, fracción del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o de cualquiera de los otros procesos de dejación de armas, sometimiento a la justicia o rendición que se han dado en el país. Es de esta manera porque no es un conflicto exclusivamente militar, como se ha pretendido mostrar, y sus víctimas no se limitan a aquellas resultantes de los actores armados en conflicto (que por demás no son pocas) sino que abarcan a una vasta porción de la población colombiana.
El proceso con el Movimiento 19 de Abril avizoró esta situación y en conjunto con un movimiento ciudadano, realizaron la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que si bien pretendió y logró aportar en la superación de las condiciones de inequidad estructurales del país, no logró su cometido, pues la concentración de la tierra y la riqueza, la falta de oportunidades reales para la superación de la pobreza, y un discurso occidentalizante y patriarcal, que deriva en violencias racistas, clasistas y sexistas, se mantiene, perpetuando las situaciones que generan el conflicto.
Como lo señala Fernán Enrique González, las continuidades de este infortunio social se derivan de dos fenómenos sociales: La exclusión social sin alternativas de evitación a campesinos y campesinas, y la debilidad de equipamiento institucional, con la ausencia estatal que esto implica, en regiones poco prioritarias según los intereses del momento:
“Dos fenómenos históricos son fundamentales para entender el conflicto: primero, el fenómeno de la colonización campesina de zonas periféricas, que ha constituido, a lo largo de la historia colombiana, la salida a las tensiones de una estructura de la propiedad rural muy concentrada. A diferencia de otros países de América Latina, Colombia no logró llevar a cabo una reforma agraria que redistribuyera la propiedad de la tierra sino que produjo una expulsión continua de campesinos pobres hacia zonas de frontera selvática, donde era mínima la presencia de las instituciones reguladoras del Estado central y poca la relación con el conjunto de la sociedad y la economía nacionales. En segundo lugar, a este proceso corresponde, en términos políticos, un proceso gradual de construcción del Estado, cuya incorporación paulatina de territorios y poblaciones se tradujo en una presencia diferenciada del Estado en las regiones según las circunstancias de tiempo y lugar.”(González González, 2004)
Así las cosas, de la mano de los procesos de dejación de armas, de reinserción a la vida civil, de verdad, justicia y reparación, las garantías de no repetición deben incluir transformaciones sociales, desde los imaginarios culturales hasta las prácticas comerciales, que garanticen la reconstrucción del tejido social, el desarrollo personal del individuo y el desarrollo comunitario de las diferentes comunidades, cada una con sus diversidades y reconociendo como legítimas sus perspectivas de desarrollo, sus prácticas culturales, sus creencias y tradiciones de producción, garantizandoles el goce pleno y efectivo de los derechos humanos. Pero como es de suponer, esto llevará un tiempo largo, en el que se repetirán de manera recurrente las crisis humanitarias y la necesidad del acompañamiento y auxilio de la Comunidad Internacional es fundamental, que además garantice el fortalecimiento de la Sociedad Civil en Colombia, que permitan procesos de fiscalización y veeduría, lo mismo que la defensa de los derechos humanos, etc. Mi hipótesis entonces es que la comunidad internacional, si pretende contribuir en la construcción de una paz estable y duradera, deberá realizar procesos de largo aliento, con enfoque diferencial, multicultural, pluriétnico, de Derechos Humanos y con perspectiva de género, desde una lógica de la acción sin daño, abogando por la transformación de las leyes y políticas públicas, contribuyendo en la transformación de los imaginarios culturales que permitan dar soluciones a los problemas que históricamente han devenido en el conflicto social y armado.
Proceso de Paz 2002
En el año 2002 el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Velez (AUV), anunció el inicio de las negociaciones con los grupos paramilitares asociados en las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC. En ese entonces se afirmó que este proceso se daría siempre y cuando hubiese un cese al fuego incondicional y no habría más ataques a la población civil. Sin embargo este fue el inicio de un proceso que no respetó las condiciones iniciales, que no redundó en un proceso de paz, ni de justicia y recientemente con una reparación dedicada a lo administrativo, ignorando los procesos de reparación integral, que le permitan a la sociedad transformar las condiciones que las llevaron al punto de vulnerabilidad. Según Gallón, este proceso de desmovilización inicia con un ejercicio de cinismo de las partes hacia la sociedad colombiana:
“Ante todo, porque no se desmanteló la organización mafiosa, sino tan solo parte de su componente militar: permanecen intactos los componentes económicos, políticos y sociales del paramilitarismo, y parte de sus unidades militares. Además, la desmovilización parcial de los paramilitares no ha significado el fin de sus abusos. La Comisión Colombiana de Juristas ha registrado más de 4.500 personas muertas o desaparecidas por obra de los paramilitares desde cuando el Presidente de la República anunció, el 1 de diciembre de 2002, que había iniciado formalmente las negociaciones con las AUC, y que ellas estarían condicionadas a que no hubiera ni un muerto más. El Alto Comisionado Gubernamental para la Paz, Luis Carlos Restrepo, declaró cínicamente que“el cese del fuego [era] una metáfora que se debe [ría] manejar con mucha flexibilidad”.(Gallón Giraldo, 2014)
Es cierto que la justicia transicional es fundamental para los procesos de paz, sin embargo, la impunidad no hace parte de este tipo de justicia. Gallón señala que las promesas de justicia realizadas por el presidente AUV no se cumplieron ni en un 10%, en algo muy parecido a procesos de punto final.
“La apreciación de la mayoría de la gente sobre la aplicación de justicia para crímenes cometidos por paramilitares en Colombia se concentra en esos mil procesados, es decir, menos del 3 por ciento de los paramilitares supuestamente desmovilizados (o el 9 por ciento de los 12.000 paramilitares que había en 2002). El restante 97 o 91 por ciento está en total impunidad, sin investigación judicial ninguna, por decisión del gobierno, a través de una política de hechos cumplidos.”(Gallón Giraldo, 2014)
Como señalabamos arriba, la reparación tiene como fin garantizar a las personas que se garantice la superación de las condiciones que generaron su vulnerabilidad, satisfaciendo sus derechos y transformando sus realidad. Empero, el proceso de paz de 2002, sufrió un gravisimo golpe con la ley 1592 de 2012, en la que se limita la reparación a temas económicos y con un monto irrisorio si se tiene en cuenta el tipo de afectaciones de las víctimas y la imposibilidad de transformar las condiciones sociales con dinero. Gallón dice al respecto:
“Además, la reforma de la ley 975 mediante la ley 1592 de 2012 eliminó el incidente de reparación integral. Este era uno de los pocos elementos rescatables de la ley 975, pues permitía que las víctimas intervinieran en el proceso para exigir reparación por los daños. Esa posibilidad desapareció, y las víctimas tendrán que conformarse con reclamar ante la Unidad de Atención a Víctimas, que es una dependencia gubernamental, una reparación cuyo monto máximo es de aproximadamente 24 millones de pesos.”(Gallón Giraldo, 2014)
Este proceso quería traerlo a cuentas, en tanto es relevante recordar las graves situaciones que se siguen dando aun cuando en teoría se han realizado transformaciones políticas que se supone evitarán las crisis humanitarias. Pero esto no ocurre de esa manera, bien sea por los intereses y acuerdos políticos que se dan entre las partes, como en el primer momento, por un desinterés o desborde de la capacidad institucional como en el segundo, o por medidas que escapan a nuestra comprensión (¿quién en sus cabales asume que se puede reparar a una víctima con 24 millones de pesos?) pero que mantienen o prometen futuras crisis y emergencias humanitarias.
La tendencia en escenarios de posconflicto, es que la cooperación internacional empiece a retirar sus recursos económicos y humanos, para enviarlos a espacios en los que, desde su perspectiva, serán más útiles. Sin embargo esto también responde a presiones que ejercen los gobiernos locales para ganar legitimidad y librarse de la lupa internacional. Se cuentan casos como el de Sri Lanka en el que el gobierno amenazó a los y las funcionarias humanitarios al acusarles de neocolonialistas.
“En Sri Lanka, por ejemplo, tras la elección de Mahuda Rajapaksa en noviembre de 2005, el gobierno empezó a politizar la ayuda humanitaria internacional, calificada de neocolonialista o a favor de los Tigres Tamiles (Gowrinathan, 2009). Así, cuando el gobierno decidió ir hasta la solución final militarizada al conflicto armado, los actores humanitarios recibieron varios tipos de amenazas, como el hecho de declarar oficialmente no poder asegurar la seguridad del personal de las Naciones Unidas en la región del Wanni, lo que condujo a la retirada de este personal de la zona, a pesar de la degradación importante de las condiciones humanitarias locales (Naciones Unidas, 2012, Keenan, 2010).”(Rey Marcos, Francisco y Duval, Sophie, 2015)
Otro caso recordado es el de Somalia, en el que la comunidad internacional decidió ceder a las presiones internacionales y cambiar el enfoque de la asistencia humanitaria a un Estado en posconflicto, a pesar de las graves violaciones a los DDHH que se seguían cometiendo. Esto ha dejado muy mal representada a las agencias de socorro, asistencia y ayuda humanitaria, que terminaron haciendo el juego y legitimando las masacres, violaciones y otros crímenes de guerra o de lesa humanidad que allí se cometieron.
“En Somalia entre 2007 y 2008, la comunidad internacional, sometida a presiones políticas por parte de países donantes clave, se dedicó a tratar la situación del país como un “post conflicto” mientras que la situación humanitaria se había empeorado. Eso implicó la implementación de programas de asistencia de transición o de reforma del sector de la seguridad en mitad del conflicto, con un gobierno de transición que seguía cometiendo violaciones de derechos humanos (Menkhaus, 2009).”(Rey Marcos, Francisco y Duval, Sophie, 2015)
En otra vía es lo que ha venido ocurriendo en Uganda, en el que Naciones Unidas ha diseñado una estrategia unificada que aborda el problema desde la perspectiva de construcción de paz, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, incluidas aquellas de la sociedad civil que realizan veeduría, fiscalía y control ciudadano a los DDHH
“El trabajo global de las Naciones Unidas en Uganda del Norte a partir de 2009 se destacó por la implementación de una estrategia única cubriendo las actividades humanitarias, de recuperación temprana y de desarrollo, conjuntamente con las autoridades locales. Este UN Peacebuilding, Recovery and Assistance Programme (UNPRAP), fue una estrategia de tres años que buscaba orientar las actividades operacionales del Sistema de Naciones Unidas en la transición de la asistencia humanitaria a la recuperación y el desarrollo en el norte de Uganda.”(Rey Marcos, Francisco y Duval, Sophie, 2015)
Estos casos los he traído a colación porque muestran la necesidad de los países que pueden estar en procesos de posconflicto, pero que por las razones arriba mencionadas, necesitan un acompañamiento de larga duración, desde la lógica de los principios de independencia y humanidad, ignorando las presiones locales o los intereses de las potencias donantes. El deber de proteger implica al Estado, pero también a la Comunidad Internacional.
Acción Sin Daño
Es apenas lógico pensar que si una acción se dirige a ayudar a una población que atraviesa una situación compleja, dolorosa y violenta, lo mínimo que deben buscar es no causar un daño mayor o adicional. Esto, lamentablemente ocurre muy a menudo. Desde las presiones que reciben las agencias por salir de los territorios, como lo señalamos en el caso de Sri Lanka, desprotegiendo a la población, con un agravante, han caldeado las el clima político interno y han generado expectativas en la población.
“Muy a menudo, los actores humanitarios internacionales reciben presiones para salir del país de manera anticipada, comprometiendo la protección de la población civil y generando brechas en la respuesta. La disminución precipitada de la ayuda humanitaria en escenarios posbélicos suele provenir de las presiones de tres actores diferentes: los gobiernos, los donantes y los medios de comunicación.”(Rey Marcos, Francisco y Duval, Sophie, 2015)
Frente al caso colombiano se ve con preocupación la postura de algunas agencias internacionales (gubernamentales y no gubernamentales) de cooperación, ayuda, socorro y asistencia, se retirarán en el corto y mediano plazo, ignorando las condiciones estructurales que generaron el conflicto, olvidando la debilidad institucional del Estado o las alianzas políticas entre los señores de la guerra que terminan agravando la situación de las víctimas.
“El perfil de la cooperación para el desarrollo en el país ha ido cambiando y, al ser Colombia un país de desarrollo medio, y también donante de ayuda al desarrollo y de ayuda humanitaria, algunos cooperantes, tradicionalmente humanitarios, se están replanteando su actuación valorando su eventual retirada o cambio de enfoque. Sin embargo, hay una gran unanimidad entre los entrevistados sobre que el rol de la comunidad internacional humanitaria en un escenario post acuerdo debe al menos mantenerse y de ser necesario incrementarse ya que los riesgos en el corto plazo aconsejan una presencia internacional sólida en este ámbito. Motivos como la capacidad de acceder y generar confianza en zonas golpeadas por la violencia, el trabajo independiente e imparcial, el enfoque de protección de los derechos de las víctimas y el acompañamiento, son generalmente evocados en las entrevistas.”(Rey Marcos, Francisco y Duval, Sophie, 2015)
Una de las recomendaciones que realizan Rey y Duval a la Comunidad Internacional es justamente fortalecer la capacidad del Estado en lo local, especialmente en aquellos territorios en los que las FARC-EP realizaban las funciones del Estado, y que dado el pacto entre las partes, dejaría en una situación más grave a esas poblaciones.
“- Fortalecer las capacidades institucionales a nivel local. Se hace necesario hacer esfuerzos adicionales para fortalecer a la institucionalidad local (a través de recursos humanos, técnicos y financieros), especialmente en zonas con fuerte presencia de las FARC-EP.”(Rey Marcos, Francisco y Duval, Sophie, 2015)
Fortalecimiento de Procesos Sociales
El fin del conflicto armado, o al menos el fin del conflicto con la guerrilla de las FARC-EP, no lograría, cómo hemos venido insistiendo, solucionar otros problemas que frente a la democracia padece el país. Es sabido que las organizaciones de la sociedad fortalecen las democracias y nutren los procesos de empoderamiento político y social, ayudan en el restablecimiento del tejido social, la atención humanitaria en los diferentes niveles y construye procesos de largo aliento. Apostar por el fortalecimiento de dichas organizaciones es fundamental en el proceso de reconstrucción en Colombia.
“- Acompañar y orientar a las víctimas, sus organizaciones y comunidades en el conocimiento de sus derechos y el acceso a asistencia y protección. - Acompañar a grupos poblacionales con necesidades de protección específicas (retornados, desmovilizados, líderes comunitarios, representantes de víctimas, defensores de derechos humanos). - Fortalecer capacidades locales de respuesta en las zonas más afectadas y transferir el conocimiento humanitario internacional a las organizaciones comunitarias. - Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de base y promover la participación de las comunidades en la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos humanitarios. Fomentar su participación en los espacios de coordinación humanitaria a nivel local. - Fortalecer los procesos de formación y fortalecimiento de capacidades (en análisis de necesidades, gestión de proyectos, etc.) dirigidos a las organizaciones sociales y comunitarias contrapartes que operan fondos humanitarios.” (Rey Marcos, Francisco y Duval, Sophie, 2015)
De igual manera es fundamental que se haga veeduría a los procesos de Verdad, Justicia y Reparación, que evite la impunidad o procesos de punto final que pongan en riesgo el proceso, que puedan movilizar a las víctimas a otros desarrollos violentos o que las ponga a ellas nuevamente en la mira de los victimarios.
“Ante este panorama es urgente mantener la critica activa frente a las disposiciones de ‘Justicia y Paz’ , como lo ha expresado Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y desde esta perspectiva y Fortalecer el proceso de organizativo de las victimas en la lucha contra la impunidad y la defensa de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral e impulsar sus estrategias entre otras presionando para que los paramilitares digan la verdad, o solicitar su exclusión.”(Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2010)
La presencia de la comunidad internacional en este proceso es fundamental, no sólo en la apuesta por el fortalecimiento de la sociedad civil organizada, sino en los diálogos permanentes con la institucionalidad pública, espacios de largo aliento que sean capaces de incluir las perspectivas de las distintas comunidades indígenas que se han visto afectadas, las comunidades negras, afro, raizales, palenqueras, etc, igual que una mirada distinta para las afectaciones que ha tenido y sigue teniendo la guerra en las mujeres, o en los sectores LGBTI, de la misma manera en que afectan de forma diferente a los niños, niñas y adolescentes o a las personas adultas mayores.
“Otro aspecto relevante es el papel que puede jugar la acción humanitaria en la construcción de la paz posbélica (OCHA, 2011). Las tensiones entre esos dos enfoques, asociadas principalmente al riesgo de comprometer los principios humanitarios y afectar el espacio humanitario dada la naturaleza política de la construcción de paz, ha generado resistencias de los humanitarios para apoyar o involucrarse en iniciativas de largo plazo que no responden a necesidades humanitarias. Aún así, también hay oportunidades de cooperación para que la acción humanitaria contribuya a la construcción de la paz sin comprometer sus principios. Por ejemplo, el interés compartido del trabajo humanitario y de la construcción de paz en fortalecer la capacidad comunitaria e institucional para enfrentar nuevas emergencias puede favorecer una mayor articulación entre ambos enfoques. De igual forma, el diálogo entre ambos enfoques es esencial para prevenir vacíos ante la disminución y/o salida de los humanitarios de una determinada zona.” (Rey Marcos, Francisco y Duval, Sophie, 2015)
Una de las fórmulas ya conocidas tiene que ver con los fondos multidonante, como lo sugieren Rey y Duval
“- Mantener o incrementar los fondos ERF (Fondo de Respuesta de Emergencia) para cubrir brechas en la respuesta durante la transición. - Incorporar aspectos humanitarios en los posibles fondos para el posconflicto (Multipartner Trust Funds, Peacebuilding funds o similares)“(Rey Marcos, Francisco y Duval, Sophie, 2015)
Aunque esto tiene como reto, justamente, incorporar medidas de acción sin daño, que le permitan a la sociedad civil fortalecerse, al tiempo que actuar de manera eficiente y coordinada en la atención de las emergencias humanitarias que se presenten.
Pacto Ético como Base Social ( a manera de conclusión)
Uno de los espacios fundamentales en los que la Comunidad Internacional puede influir como parte de la construcción de paz, tiene que ver con las apuestas por las transformaciones éticas de la sociedad colombiana. Este conflicto ha deshumanizado a las personas a tal punto de celebrar las muertes de guerrilleros como Iván Ríos o Raul Reyes, ha orientado los deseos de la población a los guerreros y a desarticulado las formas más básicas de solidaridad. Es prioritario que la sociedad colombiana en general transforme su imperativo político, desestructure de su vida la lógica de la guerra y el todo vale, renuncie a la violencia como forma de solucionar o agenciar conflictos y empiece a verse a si misma con toda su diversidad y potencia.
Recientemente, Pax Christi Internacional otorgó su premio de paz al Colectivo de Pensamiento y Acción, Mujeres, Paz y Seguridad que enfoca sus esfuerzos en construcción de paz en esa transformación ética. Teniendo como marco normativo la Resolución 1325 y conexas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, han iniciado un proceso de transformación de imaginarios que son fundamentales para un escenario de posconflicto y en el que las agencias internacionales pueden aportar desde los principios de la acción y la asistencia humanitaria.
“1. Reconocer la humanidad y el derecho a la vida de todos y cada una de las personas que habitamos este país 2. Reconocer, respetar y valorar la diversidad y las diferencias políticas: nadie tiene la verdad absoluta 3. Reclamar la noción y práctica del Estado que acoja la diversidad étnica y cultural del país 4. Defender una política de seguridad centrada en los seres humanos y basada en el respeto integral y efectivo de sus derechos 5. Promover el respeto y realización efectiva de los derechos humanos y la justicia económica por parte del Estado, las Empresas y la sociedad en su conjunto 6. Transformar nuestras prácticas culturales autoritarias excluyentes y ejercer relaciones equitativas entre hombres y mujeres 7. Rechazar categóricamente todas las formas de violencia hacia las mujeres y convertirlas en prácticas políticas y culturales aceptables 8. Construir ideas y prácticas de justicia justa en un marco legal que respete la dignidad humana de todas y todos 9. Desterrar las prácticas oportunistas, corruptas, manipuladoras y criminales presentes en todos los sectores sociales del país 10. Reconocer y superar el profundo dolor causado por todas las violencias que nos desgarran desde hace décadas 11. Promover diálogos activos cuidando a las personas que piensan de forma diferente para cambiar la visión de que quien no está conmigo está contra mi 12. Elaborar una memoria plural que recoja los diferentes sentires y visiones sobre lo ocurrido y garantice la no repetición de esta tragedia 13. Identificar y cuestionar los intereses, imaginarios y mitos que mantienen la violencia 14. Promover y exigir fórmulas éticas no violentas de ejercer la política en todos los niveles dando valor a lo público como patrimonio colectivo 15. Defender y consolidar nuestra participación activa en los espacios ciudadanos de concertación y debate político y la noción de oposición como parte de la dinámica de construcción democrática”(Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres Paz y Seguridad, 2013)
Una apuesta ética, impulsada por la comunidad internacional, que garantice el buen uso de los recursos económicos, técnicos y humanos, para la construcción de una sociedad que partiendo de la dejación de armas, pueda agenciar y transformar el conflicto social en una potencia creadora.
References
Una vez asumen la habitanza de calle, deben soportar las agresiones físicas a las que las someten los hombres habitantes de calle, los agentes de la policía, guardias de seguridad, y los dueños de los establecimientos públicos. La presencia de habitantes de calle es indeseada por el imaginario social que les acompaña y deshumaniza. Así es que sus cuerpos suelen estar acompañados de marcas de armas blancas, fracturas mal curadas propinadas por las porras de la policía o los guardias de seguridad que les niegan el acceso a establecimientos públicos y privados y quemaduras por agua caliente que le arrojan desde los locales comerciales para que se vayan.
Algo que no es nuevo pero que se manifestó de una forma tristemente célebre con el caso de las mujeres habitantes de calle asesinadas, es el subregistro de todas las formas de violencia que padecen. Dado que las mujeres habitantes de calle no tienen domicilio establecido, las autoridades (cuando les permiten la entrada a la Fiscalía) no reciben la denuncia en tanto es indispensable que dejen una dirección para continuar con el proceso, asunto que dada las particularidades de su forma de vivir, no es posible. Muchas mujeres habitantes de calle desaparecen sin dejar rastro alguno y sin que nadie se pregunte por su paradero o bienestar, luego de que en repetidas ocasiones buscaran la protección de alguna entidad pública (usualmente los programas asistenciales de cada ciudad y muy rara vez con efectivos de la fuerza pública, fuente de violencia, discriminación y en no pocos casos violencia sexual) que al no contar con infraestructura para ellas deben regresarlas a las calles. No hemos profundizado en los grupos de limpieza social, que usan agentes químicos, objetos corto punzantes, contundentes, e incluso armas de fuego para agredirlas e incluso matarlas. En Bogotá las casas refugio no admiten a mujeres habitantes de calle porque se presume que todas son consumidoras de SPA y esto puede poner en riesgo a las otras mujeres con medidas de protección. Sin embargo el año pasado se desestimo la necesidad de construir una casa refugio para mujeres habitantes de calle a pesar de que se adelantaron los estudios previos y tanto en ese momento, como innegablemente ahora, es necesaria una alternativa que aleje a las mujeres habitantes de calle de sus agresores, protegiendo su integridad y dignidad.
Sin embargo la violencia física no es el único tipo del que son víctimas las MHC. La violencia simbólica hace tanto daño y está tan generalizada que aún se les suele llamar a estas personas "desechables". Las personas que habitan la calle no son titulares de derechos en el espacio real, no son votantes (por falta de documentos, porque no les dejan entrar a los puntos de votación y porque muy pocos candidatos o candidatas les tiene en cuenta al momento de realizar sus campañas), tampoco se les permite el ingreso a museos, conciertos o cualquier actividad política, cultural, ambiental, etc. que se desarrolle en los centros poblados, porque se presume que van a robar, o porque huelen mal, o por cualquier razón que se les ocurra. Nos han enseñado a temerles y odiarles, no es gratuito que una de las formas de intimidar a niños y niñas sea amenazándoles con que de no portarse bien se las llevara ese ser temible y cruel que lleva un costal a su espalda. Esto mismo ocurre en los hospitales, escuelas, centros comerciales, etc. marginándoles y negando sus derechos por no responder a lo que se espera de una mujer. 
Como Ciase Ong ha venido señalando desde hace tiempo, la corresponsabilidad ciudadana es fundamental para la construcción de sociedades justas equitativas y en paz. Es fundamental que cada persona se comprometa a tratar respetuosamente a las mujeres habitantes de calle, de no victimizarlas a partir de la exclusión, la agresión física, verbal o de cualquier otra forma. Debemos dignificar sus vidas haciendo lo que está a nuestro alcance: desde la clasificación y separación de los residuos que se generan en las casas, oficinas o almacenes, para que aquellas mujeres que se dedican a la labor del reciclaje encuentren formas dignas para desempeñarlo; de igual manera debemos hacer ejercicios de exigibilidad para que el Estado diseñe e implemente instrumentos con enfoque diferencial y perspectiva de género que garantice a las mujeres habitantes de calle el goce pleno y efectivo de sus derechos.